Fuente: BioBio

Lo anterior, tras el informe de Contraloría Regional que detectó recursos municipales sin rendición de cuentas por alrededor de $18 mil millones de pesos; deficiencias en controles contables; e irregularidades en los registros de asistencia de funcionarios de la administración pasada.

En este contexto, el concejal del municipio y querellante en la causa, Leonardo Contreras, detalló las figuras penales que se imputan a la exautoridad comunal, entre ellas, el delito de falsificación de instrumento público, relacionado con la adulteración de registros de asistencia de algunos funcionarios municipales.

Por su parte, el abogado penalista Cristián Canifrou explicó que la querella fue acogida a tramitación debido a que cumple con los requisitos formales establecidos por la ley.

Asimismo, señaló que entre los delitos imputados se encuentra la malversación de caudales públicos, ilícito que contempla penas que parten en los cinco años y un día de presidio, dependiendo de la reiteración o gravedad de los hechos.

Finalmente, será el Ministerio Público el organismo encargado de investigar los antecedentes y determinar si los hechos serán formalizados ante la justicia.