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Según detalla el documento, antes de proceder al desalojo, es necesario acreditar los albergues transitorios dispuestos, así como también la operatividad de sus servicios básicos, un plan de transporte para las familias implicadas y dispositivos de salud contemplados para el día del procedimiento.

Sobre la habilitación de albergues, el Ministerio de Bienes Nacionales comunicó que en la región de Valparaíso existe poca propiedad fiscal, lo que limita la disponibilidad de inmuebles para esos fines. También aseguró que este tipo de gestiones no son de su competencia directa.

Asimismo, Francisco Figueroa, titular de esta cartera, insistió en que pese al desenlace negativo de la mesa de negociación, el aparato estatal sigue buscando una solución alternativa a esta situación.

El concejal de San Antonio, José Ibarra, enfatizó en la complejidad operativa que representa la orden debido a la magnitud de personas que ocupan el asentamiento irregular. De acuerdo con datos del Minvu, en el lugar viven más de 10 mil personas, agrupadas en 4 mil familias.

La Inmobiliaria San Antonio S.A. informó que no emitirán comentarios sobre este escrito y que están a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones para que se fije una fecha exacta para materializar el desalojo.

Este miércoles se desarrollará una reunión entre la Municipalidad y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso con la finalidad de definir condiciones y responsabilidades del proceso.