Fuente: Diario U. de Chile

La demanda interpuesta en octubre de 2024 sostiene que Sogin SpA es sucesora de la inmobiliaria original, buscando una conciliación judicial que le permita obtener una compensación económica millonaria, práctica utilizada recurrentemente por actores privados para extraer recursos de organismos del Estado.

En octubre de 2021, el Diario Financiero informó que Ibáñez había desistido del proyecto debido a la oposición del entonces alcalde Jorge Sharp, el Concejo Municipal y la comunidad, anunciando incluso la publicación de un libro sobre el caso. Sin embargo, ese mismo año, la 3ª Sala de la Corte Suprema, en un fallo dividido, acogió un reclamo de ilegalidad presentado por la inmobiliaria, con los votos de Ángela Vivanco, Mario Carroza y Enrique Alcalde, frente a la disidencia de Sergio Muñoz y Adelita Ravanales.

En 2013, la Municipalidad de Valparaíso aplicó el artículo 117° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para proteger el valor patrimonial del barrio O’Higgins, decretando el congelamiento de permisos de edificación. Pese a ello, la Inmobiliaria del Puerto SpA ingresó un anteproyecto al día siguiente, aprovechando que el decreto aún no se publicaba en el Diario Oficial, utilizando información privilegiada para un proyecto de US$80 millones.

La maniobra generó una fuerte reacción ciudadana por la amenaza a áreas verdes y al parque Pümpin, futuros espacios de Zona de Conservación Histórica según el Plan Regulador Comunal de Valparaíso. Ante esto, la comunidad recurrió a la Contraloría General de la República.

Los dictámenes N° 59.619 y N° 16, emitidos en 2014 y 2015 por el contralor Ramiro Mendoza, establecieron que el anteproyecto presentaba vicios graves, señalando que la DOM permitió modificaciones indebidas para burlar el congelamiento urbanístico.

Pese a lo anterior, la municipalidad encabezada por el entonces alcalde UDI Jorge Castro desobedeció los dictámenes de Contraloría y otorgó el permiso de edificación N°301 en mayo de 2015, invocando “buena fe” y “derechos adquiridos”, sin notificar adecuadamente el acto administrativo.

Un tercer dictamen de Contraloría (N°18.638) reafirmó la ilegalidad del procedimiento, confirmando la vulneración de la OGUC. Aun así, el permiso solo fue dejado sin efecto en septiembre de 2017, tras un recurso de ilegalidad acogido por el alcalde Jorge Sharp.

Posteriormente, la Contraloría central, bajo la dirección de Jorge Bermúdez, dio un giro interpretativo, validando el anteproyecto y desechando los dictámenes previos, situación que derivó en nuevos litigios judiciales.

Finalmente, en el contexto de las filtraciones de audios del caso Hermosilla–Vivanco, el exalcalde Sharp solicitó al Consejo de Defensa del Estado esclarecer eventuales comunicaciones relacionadas con el caso Pümpin. Considerando las denuncias sobre posible “venta de fallos” en la Corte Suprema, resulta urgente que el fiscal nacional Ángel Valencia investigue a fondo el rol de los actores involucrados en este negocio inmobiliario en Valparaíso.