Fuente: La Tercera

Esta tarde, la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó el envío de un oficio dirigido al Presidente que suspende la devolución obligatoria del bono a la clase media eventualmente mal entregados -con fecha para el 30 de noviembre- hasta que no reciban los antecedentes de la declaración de renta el 2021, para que eso aclare si hay irregularidades o no.

Esto, debido a lo manifestado por el contralor Jorge Bermúdez, invitado a la comisión, quien entre su larga exposición señaló que quienes incurrieron en el cobro indebido del beneficio podrían eventualmente caer en un delito, pero que el asunto es complejo debido a que se debe revisar caso a caso. Indica la nota de La Tercera.

En la misma línea opinó el diputado Tucapel Jiménez. “No creo que haya habido una gran cantidad de gente poniéndose de acuerdo para defraudar al fisco. Yo creo que la gran mayoría actuó de buena fe, quizás algunos con cálculos errados, otros pensaron que con los cálculos errados pensaron que no tenían derecho”, señaló el parlamentario PPD.

¿Cómo se va a determinar el caso a caso? Con una auditoría que la Contraloría está realizando al SII y a la Tesorería general de la República.

“Abstractamente, uno podría decir que sí, hay fraude al fisco, pero hay que ver cada caso en particular, por eso estoy esperando el resultado de la auditoría”, dijo Bermúdez, quien señaló que es una auditoria al proceso de pago del aporte.

Consultado si eventualmente alguien vulneró la fe pública es fraude al fisco, Bermúdez afirmó: “Teóricamente, hay personas que podrían ir presas por esto, por fraude al fisco”; y señaló que hay cerca de 400 mil personas en esa situación eventual. Pero para él, el problema pasa por otro lado: “Aquí me parece que hay un problema de cómo se diseñó esta política, y esto se sacó por la urgencia de la pandemia”.