Fuente: Bio Bio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización a los profesores que no recibieron sus asignaciones previsionales tras el traspaso a la educación municipal, esto es, la denominada “deuda histórica”.
En el marco del proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia y luego de siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, la CIDH zanjó el tema de la “deuda histórica”, tras dar a conocer su sentencia.
Los docentes demandaron al Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago.
El 20% de los profesores demandantes ya están fallecidos
Actualmente, de los 848 profesores demandantes, solo 660 están con vida. “Durante estos casi 30 años, han muerto el 20% de ellos”, explicó el abogado Ciro Colombara, a cargo de la representación.
Según los demandantes, la posición del Estado ha sido dilatar y eludir el cumplimiento de las sentencias, privando a las municipales de los fondos para cumplir con los pagos al que el Estado había sido condenado.
Agregaron además que durante la tramitación del proceso internacional, llamo a las víctimas a participar en una solución amistosa, lo que paralizó en muchos años el avance. “Hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo”, señaló Colombara.
¿Qué es la deuda histórica?
El caso se origina en el contexto de la dictadura militar, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las municipalidades del país. Esta municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.
Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. No obstante, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada “deuda histórica”.
Por lo anterior, el fallo de la Corte Interamericana consideró que tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció, esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus herederos, las sumas todavía debidas.
Se harán efectivas en tres cuotas anuales, empezando a contar el primer pago en el plazo de un año de notificada la sentencia.
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